Duelo entre la codicia y la ideología.

Uno de los 226 representantes que condenaron ayer el proyecto de ley de rescate financiero, el republicano Darrel Issa, de California, explicó su oposición del siguiente modo: aprobar el Acta de Estabilización de la Emergencia Económica 2008 hubiese sido como "colocar un féretro encima del féretro de Ronald Reagan". Describió así uno de los costados ideológicos de la asombrosa puja que tiene lugar en Estados Unidos en un momento en que cierta etapa de desarrollo del capitalismo está agotándose.
Pero no conviene dejarse engañar por los principios y creer que lo representan todo. Lo que hay apenas debajo de la superficie del debate es otra lucha, feroz, de intereses concretos entre quienes han decidido que el cambio necesita ser conducido y quienes desean salvar lo más posible de una fase capitalista que desde hace casi tres décadas les ha permitido construir riqueza fabulosa muchas veces con la nada como sustento.
"Codicia" es un término que ahora se aplica con frecuencia al sistema financiero cuyo símbolo es la calle Wall Street en Nueva York. Pero una cosa es emplear la palabra de modo abstracto y otra verla en funcionamiento. Ayer los que operan con esa codicia como combustible no dudaron en presionar induciendo la baja más pronunciada en la historia de la Bolsa de Valores de EE.UU. (casi 778 puntos para el índice Dow Jones) que, en pocos días y a través de la sequía de crédito, puede hacer que hasta las empresas sólidas dejen de pagar a proveedores y hasta la nómina salarial.
Este efecto no es difícil de explicar. Las firmas reciben dinero de sus clientes y a su vez pagan a su personal y a sus proveedores. Para salvar la brecha entre cobros y pagos recurren al crédito y, si éste no existe, los costos operativos se vuelven agujeros negros. Así empiezan los ceses de operación, los despidos y el resto del infierno tan temido.
Mercados y mercaderes se abrazan a un sistema fracasado. Los fondos de cobertura ("hedge funds") saben que se cierne sobre ellos una era de controles a la que no están acostumbrados y se miran en el espejo de las "bancas de inversión" (verbigracia Lehman Brothers) que han desaparecido y no pueden sino preguntarse si seguirán ese camino.
Lo de los controles es una opción inevitable. Se están produciendo cambios cuyos efectos aún no pueden mensurarse. Con la adquisición ayer por parte del Citigroup de las operaciones de la Corporación Wachovia, otra entidad financiera asolada por las pérdidas hipotecarias, se refuerza la idea de tres bancos hegemónicos: Citigroup, JP Morgan y Bank of America que controlarán más del 30% de los depósitos en Estados Unidos. El trío adquirirá así un poder enorme en el establecimiento de los precios de sus créditos y servicios.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántas instituciones financieras deberán ser rescatadas. Los más pesimistas dicen que los resultados de esta crisis perdurarán hasta el 2015 y que 700.000 millones de dólares serán insuficientes. ¿Hasta dónde llegará? No parece haber rincón que se salve; ayer Inglaterra nacionalizó el segundo banco en un año, Bradford & Bingley.
En juego está también la protección de los ciudadanos endeudados más allá de su capacidad para pagar las hipotecas. La derecha principista ya logró eliminar del proyecto la facultad de los jueces para reformular los términos de las hipotecas impagas. Y también la compensación al Estado con acciones de las empresas a las que salve mediante la compra de lo que ya se llama "créditos tóxicos". Por lo pronto lograron que esas acciones no vayan acompañadas de derecho de voto en los directorios.
Los llamados "paracaídas dorados" -las compensaciones multimillonarias por despido a los ejecutivos culpables de este caos- están siendo defendidos por sus beneficiarios y aliados. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, aseguró que algunos empresarios no incluirían a sus empresas en el rescate si las indemnizaciones fuesen suprimidas. Preferirían la quiebra y la evaporación del dinero de sus acreedores.
Los republicanos dijeron, después de la votación, que habían creído contar con 12 votos que fueron a la oposición al proyecto. Estos parecen haber sido los apóstoles de la codicia que se resiste a amainar.

Raúl Cardoso
Fuente. Blog Clarín.

Ecuador decide su futuro

Refundación: el 28 de septiembre será un día clave para Ecuador: la ciudadanía definirá el rumbo de su país aceptando o rechazando la nueva Carta Magna. Si se aprueba el texto constitucional, el Estado ecuatoriano será intercultural y plurinacional. Lejos de ser una simple declaración, el cambio implica profundas transformaciones en la sociedad, la democracia y la economía. La Constitución establece, además, un nuevo nivel de gobierno territorial: el intermedio, que será administrado por las regiones. Serán las propias realidades locales las que definan la regionalización del país. Nace un nuevo concepto de nación que propone la unidad en la diversidad. Con esta concepción de las autonomías, alejada del separatismo de la derecha, se fortalece el Estado y la democracia.
En el proyecto de nueva Constitución política de Ecuador, que será sometido a aprobación popular el 28 de septiembre, la Asamblea Nacional Constituyente incorporó un cambio de gran trascendencia para la vida del país: recogiendo una de las reivindicaciones más profundas de los movimientos indígenas y afroecuatorianos, se pasará del Estado pluricultural y multiétnico de la Constitución de 1998 al Estado intercultural y plurinacional. Esta definición no es una simple declaratoria: implica profundas transformaciones en la sociedad, el Estado, la democracia y el modo de desarrollo.
El proyecto de nueva Constitución establece que los territorios indígenas, afroecuatorianos y montubios pasarán a asumir las mismas competencias del gobierno seccional. Por otro lado se reconoce al Sumak Kawsay o “buen vivir “como el objetivo a alcanzar en el proceso de desarrollo, lejos de los dictados del mercado. La ampliación de los derechos colectivos y el reconocimiento a la justicia indígena en el marco del respeto a los derechos humanos debe garantizarse como una jurisdicción especial.
Además, las nacionalidades y los pueblos indígenas y afroecuatorianos deben ser reconocidos como sujetos de derecho. La nueva carta establece el fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe, bajo la rectoría del Estado, y el fortalecimiento de la interculturalidad en el sistema “hispano” de educación, a través de la enseñanza de los idiomas ancestrales. El reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento para las personas que pertenecen a una nacionalidad indígena reconocida en el país y que nacieron en las zonas de frontera, es otro de los cambios. El castellano, el kichwa y el shuar serán reconocidos como idiomas oficiales.

Interculturalidad y plurinacionalidad contra la dominación

La interculturalidad es una dimensión de la plurinacionalidad: un concepto no puede existir sin el otro. La relación intercultural supone el reconocimiento de los demás mientras que un Estado monocultural no reconoce la diversidad de las sociedades, sólo registra una cultura, la dominante. Para este tipo de Estado las otras culturas no cuentan, son invisibilizadas y terminan siendo “integradas” en el marco de una perspectiva homogeneizadora.
En sociedades marcadas por la desigualdad, no se puede pensar la interculturalidad sin tomar en cuenta los procesos de dominación. El diálogo intercultural parte de la premisa del diálogo entre iguales y éste no es posible cuando una de las culturas está subordinada a la otra. El tema de las relaciones interculturales, más que un aspecto antropológico, se convierte en un aspecto fundamentalmente político.
La desigualdad económica está acompañada de profundos procesos de exclusión social, discriminación y desconocimiento de todo otro cultural. De ahí que al hablar de inclusión e integración social se haga imprescindible generar estrategias claras de reconocimiento a la diferencia y a la diversidad, que a la larga conduzcan a generar cambios en las estructuras de poder.
La plurinacionalidad postula una relación distinta entre el Estado, el mercado, la sociedad y la naturaleza. Una relación basada en el sumak kawsay o “buen vivir”.

Unidad en la diversidad

La concepción de la plurinacionalidad, por otra parte, promueve la justicia económica y la igualdad en el reconocimiento de la diferencia. Igualdad y diferencia no son dos nociones contrapuestas, constituyen dos dimensiones de la justicia social.
El Estado Plurinacional supone la construcción de un Estado radicalmente democrático: recupera y fortalece al Estado y la sociedad para garantizar el ejercicio pleno de la soberanía popular. Supone el reconocimiento a las autoridades de los pueblos y nacionalidades, elegidas de acuerdo a sus usos y costumbres dentro del Estado unitario. Reconoce y valora las distintas formas de democracia existentes en el país: la comunitaria, la deliberativa y la participativa nutren y complementan a la democracia representativa, promoviendo un verdadero ejercicio democrático intercultural. La construcción de un Estado radicalmente democrático es la edificación de un Estado policéntrico. Por eso la plurinacionalidad va de la mano con la descentralización y no con el debilitamiento del Estado.
Pensar que la plurinacionalidad implica “crear un Estado dentro de otro” es un mecanismo para garantizar privilegios indebidos; es tan absurdo como pensar que los gobiernos locales de un país son Estados dentro del Estado. El carácter unitario no está en cuestión; se trata de un Estado que reconoce las diversas formas de ejercicio de la autoridad existentes en el país y la capacidad de los pueblos de autodeterminarse, una dimensión clave de la soberanía popular.

Ruptura del concepto liberal de nación

La plurinacionalidad implica una ruptura con la noción liberal de la nación, aquella según la cual a cada Estado le corresponde una nación. El reconocer que un Estado no deja de ser unitario por estar constituido por múltiples naciones es sin duda un avance democrático, pero también un avance teórico-político, basado en la concepción de la diversidad.
La existencia de múltiples naciones conlleva además al reconocimiento de múltiples adscripciones identitarias: el ser indígena y el pertenecer, por lo tanto, a una nacionalidad originaria, no implica dejar de ser ecuatoriano. Por otra parte, la plurinacionalidad conlleva la construcción de una sociedad pos colonial. En el marco de la creación de las repúblicas latinoamericanas, las diversidades fueron consideradas “obstáculos” para el “progreso”. Las elites impulsaron un proceso de homogenización de los sectores subalternos, caracterizados como carentes de potencial político para plantear o constituir un proyecto de país. El nacimiento de la república ecuatoriana estuvo signado por la exclusión de las mayorías en la construcción nacional. El trabajo de la Asamblea Constituyente marca el nacimiento de un nuevo tiempo en Ecuador donde, por primera vez en la historia, la ciudadanía traza su horizonte.

Desde Quito,
Ana María Larrea Maldonado

EE.UU.: "rescate amplio" y socialización de pérdidas

En qué quedamos? El Estado ha sido, desde hace casi 30 años, en el lenguaje del poder, el gran impedimento (o el gran impedidor, lo mismo da) para que los habitantes del planeta alcancen prosperidad y felicidad. Más aún, supremo ejemplo de egoísmo en una creación del hombre, había sido responsable -se nos dijo- de casi toda guerra y tragedia ocurrida desde los Tratados de Westfalia en el siglo XVII, que dieron forma al estado moderno.
¿Qué mejor promesa entonces que anunciar que se lo haría cuasi desaparecer, liberando las energías de los ciudadanos?
Esta argumentación fue común a dictaduras militares -como la Argentina 1976-83- o gobiernos de extracción legítima como los de los ocho años de Ronald Reagan en la Casa Blanca, a partir de 1981, a quien puede asignarse el liderazgo de la ideología "anti-estatal" en escala popular.
Esta melodía sufre ahora una seria disonancia: George W. Bush, un presidente que se reivindica como discípulo de Reagan, acaba de admitir en Washington, que solo el Estado es capaz de extraer a su país de los resultados de la tormenta que atraviesa el sector financiero. Poco antes su secretario del Tesoro, Henry Paulson, había advertido que aunque el rescate iba a demandar "cientos de miles de millones de dólares", la alternativa al mismo -presumiblemente dejar que el incendio financiero se consume- "sería más cara".
Los comentaristas ironizan con que, socializando de este modo las pérdidas de los banqueros, aseguradores y otros, Bush -ahora con el Congreso- está a punto de transformar el país en los "Estados Unidos Socialistas de América". De a poco lo había venido haciendo desde hace más de un año la Reserva Federal con Ben Bernanke a la cabeza, pero la escala de la crisis se ha ido de toda proporción y se necesitan leyes para proceder al rescate. Bernanke es considerado uno de los expertos de la devastación económica y financiera de 1929, así que sabe mejor que nadie lo que hay en el horizonte.

¿En qué quedamos entonces?

Realmente en nada nuevo, porque si uno se abstrae del discurso teológico sobre el mercado, encontrará amplio precedente para el curso que ahora propone Bush: que los fondos del fisco sirvan para comprar las deudas incobrables que están atosigando la economía estadounidense y, por extensión, la global. Otras crisis financieras anteriores han sido resueltas del mismo modo, por vía de la socialización de pérdidas.
En Estados Unidos, un antecedente directo del programa que ahora intentan transformar en ley en Washington, es el de la crisis de las llamadas Savings & Loan (Sociedades de Ahorro y Préstamo) que complicó los '80 y los '90 y que causó un crónico déficit presupuestario en la segunda de esas décadas. Más de 700 entidades fallidas fueron compradas entonces con dinero fiscal a través de una corporación pública conocida como RTC (siglas para Resolution Trust Corporation), en un conjunto de operaciones que les costó a los contribuyentes 124.000 millones de dólares. Aunque no hay una estimación cierta o confiable, las cifras que se asignan a este rescate están en el orden de los 600.000 millones de dólares, siempre y cuando el Estado pueda revender a precios razonables los préstamos devaluados que adquirirá en breve.
Esta solución del "rescate amplio" fue defendida recientemente en forma pública por dos popes económicos. El primero de ellos es Paul Volcker, ex titular de la Reserva Federal; el segundo es el antiguo secretario del Tesoro Paul Brady. A este último se lo puede recordar porque ayudó a socializar otra crisis, la de la deuda externa latinoamericana en los años 80 a través de la creación de los bonos que llevaban su nombre, con los que quitó a la región endeudada toda herramienta de confrontación. Aquel "rescate" no costó demasiado. Luego, en 1998 llegó el rescate del fondo de inversión LTCM (Long Term Capital Management) que tenía dos premios Nobel de economía entre sus directivos y acostumbraba a pagar dividendos de hasta 40 por ciento anuales a sus inversores. Y más tarde Enron, el colapso de la llamada "nueva economía". Uno puede encontrar la misma fórmula, el dinero estatal salvando a banqueros en Japón --años 90-- y aun en Suecia, a comienzos de esa misma década.
Ahora se predice que --cuando el vendaval presente se detenga-- vamos a ver amanecer sobre un mundo diferente en el que las relaciones de poder se ajustarán a la realidad post-Lehman, como la bautizaron algunos. Habrá más regulación del sistema, afirman, para evitar que la codicia siga enseñoreándose. Pero ¿será así?
Esto último requeriría un cambio cultural antes que nada que es muy difícil de prever. Un ejemplo: parte del paquete conocido ayer fue la suspensión de la llamada "venta corta" de 799 activos financieros. ¿Qué es esto? Se trata de los inversores que apuestan contra determinadas acciones y que las venden antes de poseerlas porque creen que su precio caerá y podrán comprarlas luego a un precio inferior que permita la ganancia. ¿Desparecerán estas prácticas codiciosas? ¿La alegría de los mercados financieros en todo el mundo ayer, ante el rescate estatal, lo permitirá? Nouriel Roubini, el académico economista de la Universidad de Nueva York al que se le reconoce haber anticipado esta crisis en el 2006, dice ahora: "Este puede ser el fin del imperio estadounidense".

Por Raúl Cardoso. (Fuente: Clarin)

Washington promueve la guerra civil en Bolivia

Mediante bandas fascistas el Departamento de Estado lanzó el 9 de septiembre una ofensiva violenta con eje en Santa Cruz, Pando y Tarija.
El gobierno de Evo Morales calificó este accionar como “golpe cívico prefectural”. La expresión apunta a subrayar que las fuerzas armadas no son el instrumento de esta escalada, basada en cambio en los gobiernos de los departamentos de la llamada Media Luna. En ese sentido la definición es ajustada a la realidad. Sin embargo, estas operaciones no tienen como objetivo un golpe de Estado tal como los que la Casa Blanca promovió en innumerables oportunidades en América Latina. Washington sabe que el derrocamiento de Evo y la implantación de otro gobierno, por vía civil o militar, es una perspectiva cerrada por todo un período en Bolivia.
La táctica estadounidense está centrada en detonar una guerra civil. Operaciones terroristas contra puntos vitales de la estructura económica y el aparato del Estado; utilización de bandas fascistas contra la base social de la revolución en marcha (abrumadoramente hegemónica); secesión de la Media Luna: son peldaños de una escalada apuntada a provocar la lucha fratricida. El asesinato de Evo; la aniquilación de dirigentes sociales y políticos claves, son otros recursos que sin duda alguna intentarán los estrategas estadounidenses.



Significado de la escalada


El análisis trata de desentrañar la realidad de hoy con parámetros del pasado. Las burguesías locales y el imperialismo podían dar golpes de Estado cuando tenían instrumentos militares, políticos, sindicales y sociales en condiciones de ejercer la hegemonía necesaria para gobernar bajo fachadas más o menos represivas. Eso acabó. Una a una, las instituciones de las clases dominantes han perdido su capacidad como instrumentos válidos para el ejercicio del poder. Y esta afirmación no sólo es válida para Bolivia: toda América Latina está en la misma situación. Hoy el imperialismo ni siquiera puede apelar al recurso del golpe militar. Requiere y utiliza la violencia, pero su estrategia ya no consiste en imponer un gobierno títere. Antes de volver a pensar en esa posibilidad, necesita infligirle a las masas una derrota letal. En la época de crisis y declinación irreversible del capitalismo eso sólo es posible mediante el fascismo y la guerra civil.
Es exactamente lo que han puesto en marcha los agentes de Washington en Bolivia. El imperialismo necesita de ese enfrentamiento civil y ya ha lanzado la provocación a gran escala.
La expulsión del embajador de la Casa Blanca indica que Evo Morales comprende exactamente la estrategia imperial y ha resuelto enfrentarla. La inmediata solidaridad de Hugo Chávez, haciendo lo mismo con quien en su territorio promovía una acción análoga, el apoyo incondicional a estas medidas por parte de Daniel Ortega, la decisión del presidente hondureño Manuel Zelaya de suspender la ceremonia de recepción de credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos, en solidaridad con Bolivia y Venezuela, son otros tantos indicativos de la rebelión antimperialista que se agiganta en América Latina. Estos países se sumaron así a la histórica conducta de la Revolución Cubana. Cuando el imperialismo apela al fascismo, la diplomacia carece de sentido. Quien se asusta del tono empleado por Chávez al reiterar su disposición a defender a Evo Morales incluso enviando combatientes a Bolivia, o bien no ha comprendido el significado de la escalada fascista, o bien programa una negociación en cuya conclusión está la cabeza de Evo. Pero Chávez no está solo. Seremos cientos de miles quienes en América Latina nos alistaremos para defender con las armas la revolución en Bolivia frente al ataque imperialista, si una enérgica acción internacional no logra detenerlo.



Unasur


Otro indicativo de los cambios en las relaciones de fuerza continental es la realización de una reunión de emergencia de Unasur, en Santiago, el lunes 15. Allí reside la posibilidad de detener la mano asesina de la Casa Blanca. Cada gobierno mostrará hasta dónde llega su compromiso con la democracia, la paz y la unión regional. La diversidad de los componentes de la Unión de Naciones Suramericanas asegura una dura disputa. Pero el mínimo común es el apoyo incondicional al gobierno de Evo (con su reciente ratificación con el 67,41% de los votos tiene más legitimidad social que ninguno de sus pares), el rechazo a la ingerencia estadounidense y el compromiso de romper relaciones diplomáticas en conjunto con Estados Unidos si Washington persiste en alimentar la escalada fascista. Luiz Inácio da Silva adelantó que “no tenemos derecho a tomar ninguna decisión sin que haya acuerdo del gobierno y la oposición”. Sus asesores en política internacional deberían informarle a Lula que “la oposición” es Estados Unidos y que los jefes políticos locales han tomado por la vía del fascismo. Apenas unos videos y unos testimonios sobre los saqueos y matanzas bastarían para que el presidente brasileño tenga la información suficiente y pueda asumir que las acciones emprendidas en estos días por los separatistas definen una estrategia de guerra, con la cual Estados Unidos pretende recuperar el control que se le va de las manos en América Latina. Eso le concierne también a Brasil.
El fascismo en sentido lato es el primer paso de esa estrategia. Fascismo no es, como se entiende corrientemente, un gobierno o una política represiva. Es la utilización de la población civil para ser lanzada contra otros estratos de la población civil. (Por eso, cuando la teoría política de las clases dominantes comenzó a enfatizar la expresión “sociedad civil”, tergiversando por completo su sentido original, era claro en qué rumbo se orientaba). Es la utilización de sectores de clases medias y de las franjas más empobrecidas y marginalizadas, a las cuales no ha podido llegar el mensaje de la revolución, para lanzarlas como fuerza de choque ciega contra los trabajadores, los campesinos, los estudiantes y los flancos concientes de las capas medias. Es el choque de aquellos que por determinaciones que van mucho más allá de su propia cotidianeidad, no están en condiciones de tomar conciencia de sus actos y contratados como mercenarios son lanzados en operaciones de guerra contra sus hermanos más próximos. Eso es el fascismo. Y siempre, por detrás, hay estrategas del capital que programa sus actos.



Urge una respuesta continental


Aparte los gobiernos, cuyo compromiso puede eventualmente lograr efectos extraordinarios, es otra la instancia latinoamericana que al cabo definirá si la revolución latinoamericana en marcha puede o no enfrentar y vencer la contraofensiva imperialista. Las acciones de solidaridad con el gobierno de Evo Morales en cada país son imprescindibles. Pero no bastan. Urge dar pasos efectivos observando la huella de la nueva fuerza revolucionaria de masas que ha aparecido en el panorama internacional: el Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela). Urge concretar instancias análogas de unidad social y política de masas, con definiciones antimperialistas y anticapitalistas. Urge crear organismos que permitan a las direcciones de esas fuerzas revolucionarias diseñar y aplicar una línea de acción latinoamericana. La historia no perdonará omisiones ni retardos.


Por Luis Bilbao.
La paz, 13 de septiembre de 2008.

Algo mas que juegos de guerra

La decisión rusa de enviar una fuerza aeronaval de tareas encabezada por el crucero misilístico "Pedro El Grande" a América Latina para realizar ejercicios conjuntos con la Armada de Venezuela se insinúa como algo de mayor importancia que apenas otro juego de guerra.
En verdad -y aunque Caracas y Moscú aseguran que los ejercicios de noviembre próximo estaban previstos hace ya algún tiempo- la situación generada tiene connotaciones de una doble respuesta venezolana y rusa a acciones muy recientes de Estados Unidos.
En el caso ruso, estos ejercicios militares podrían ser una forma de "emparejar" el envío -invocando la entrega de ayuda humanitaria- de buques de guerra estadounidenses a las costas de Georgia, apenas un mes después de que esta república ex-soviética fuese invadida por tropas de Moscú. Vladimir Putin, el primer ministro ruso, había advertido hace unas semanas que Rusia "dará una respuesta" a esa presencia estadounidense.
Para Caracas es una forma de oponer un desafío a la reciente reactivación de la IV Flota estadounidense, que el presidente Hugo Chávez ha denunciado reiteradamente como una amenaza militar para América Latina toda, pero en particular a la soberanía de Venezuela. La determinación de Moscú no está exenta de riesgos. Su fuerza de tareas deberá desplazarse más de 8.000 kilómetros en una ruta en la que tendrá pocos, si acaso alguno, puertos de confianza si alguna de las naves necesitara de reparaciones de emergencia. La flota de superficie soviética tiene limitada experiencia en cubrir esas distancias y, en este caso, será vigilada constantemente por los aviones de vigilancia Orion P-3 estadounidenses.
No obstante, si las naves rusas llegan sin problema, la presencia de las mismas en Venezuela será un recordatorio interesante a Washington de que no tiene la única Armada capaz de operar lejos de su base.
La decisión confirmada por Moscú y Caracas ha reavivado, además, versiones sobre un posible estacionamiento por tiempo indeterminado de aviones de vigilancia marítima rusos en bases venezolanas y también de submarinos del mismo origen en puertos cubanos. Hace no mucho Putin decidió incrementar la cooperación con La Habana.
Si algo de esto sucediera, generaría una situación con lazos evidentes -aunque menos grave- que la que originó en los años '60 la crisis de los misiles entre Washington y Moscú; es decir un escenario símil "guerra fría".
Quizá haya que prestar atención a la advertencia del teórico conservador que impuso en los '90 la idea del "fin de la historia", Francis Fukuyama. Hace algunas semanas recomendó a Washington aceptar el hecho de que el poder global de Estados Unidos estaba reduciéndose y, sobre esta base, renunciar a la pretensión de ser el gendarme planetario y a empujar más hacia el este el club militar de la OTAN.
O quizá haya que pensar que Washington puede llegar pronto a extrañar a la Unión Soviética que Hans Morgenthau calificó, ya en 1969, no como una potencia expansiva sino como "conservadora y defensiva a la que mueven sus intereses nacionales y no la ideología". Aquella URSS parece hoy más fácil de contener que la Rusia del presente.

Por Oscar Cardoso para su blog en la comunidad Clarin.

Bolivia marcha hacia la resolución estratégica de su revolución

Herida de muerte por los resultados del referendo ratificatorio (ver Mazazo a la conspiración imperialista) y por el llamado a otras dos consultas similares para el 7 de diciembre, a la ultraderecha se la van cerrando los caminos para derrotar el proceso de cambio estructural y recomponer su poder.
Esa situación de derrota la vuelve más peligrosa que en los dos años y medio de gobierno de un presidente indígena, el primero de Bolivia y América Latina, que se ha tomado en serio su responsabilidad histórica. Habrá una radicalización en las clases dominantes bolivianas, particularmente en la burguesía agroexportadora y latifundista que se ha colocado a la cabeza de la oposición, para tratar de curarse las heridas y liquidar a la revolución boliviana y su líder.
Respaldada por Estados Unidos, la derecha boliviana ha ido demostrando a partir del 22 de enero de 2006, cuando Evo Morales asumió la presidencia, que pretende continuar conduciendo un país de mayoría indígena con una lógica excluyente y racista, como lo hizo durante más de 180 años.
Pocos ejemplos lo muestran de manera contundente: la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y otros grupos paramilitares similares en Santa Cruz y otros departamentos de la llamada Media Luna (Beni, Pando y Tarija), han puesto en marcha operativos de violencia masiva y selectiva contra dirigentes de movimientos sociales y del MAS, y han planificado acciones contra el consulado venezolano y la casa de la misión médica en Santa Cruz, así como el reciente secuestro express de seis cubanos (cuatro mujeres y dos hombres) de la cooperación médica en la provincia oriental de San Ignacio de Velasco.
Es responsabilidad de la derecha la violencia de que fueron víctimas humildes campesinos y campesinas en Sucre; el hallazgo de una casa de seguridad con depósito de armamento en una provincia de Chuquisaca; atentados dinamiteros contra la sede del MAS en Santa Cruz y las instalaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz; invasión de aeropuertos en Beni y Tarija para impedir el arribo del presidente Morales y al menos una decena de acciones de violencia contra objetivos oficiales.
Más significativo aún fue el intento de asesinato del presidente Morales en la ciudad de Santa Cruz, en la tarde del 19 de junio pasado, cuando dos jóvenes fueron detenidos en las afueras del aeropuerto militar El Trompillo con un fusil reacondicionado y con mira telescópica.
En todos estos casos de nada sirvió la oportuna intervención de los organismos de seguridad del Estado o la denuncia de las organizaciones sociales. El aparato de justicia, todavía en manos de la derecha, se encargó de que no pasara nada más allá de la mera indagación de hechos.

Ahora, conspiración en serio

Con este incompleto recuento del carácter violento que va asumiendo la oposición en Bolivia, se hace evidente que tras ponerse a disposición del pueblo la decisión de aprobar o desaprobar el texto constitucional, la derecha está ante un dilema: derroca a Morales o afronta una derrota estratégica.
Para derrocarlo es probable que los sectores de ultraderecha se inclinen por retomar la idea del magnicidio, para lo que ciertamente buscarán el asesoramiento y el apoyo de sus similares fuera del país. La denuncia realizada por organismos de inteligencia, de que paramilitares desplazados de Colombia han sido conectados hace más de un año para trabajar de “seguridad privada” de famosos latifundistas, es algo que no debería perderse de vista y tampoco ignorar el interés de la mafia cubano-miamense en ese tipo de operativos.
No hay otra manera de “voltear al indio”. Otras opciones como el bloqueo de caminos, la suspensión de artículos alimentarios al occidente, paros cívicos y toma de instituciones públicas, que figuran en los planes de las dirigencias cívicas y los grupos paramilitares, según han reconocido ellos mismos, pueden representar serios dolores de cabeza para el gobierno en un momento determinado, pero al mismo tiempo convertirse en acciones que le sigan permitiendo acumular apoyo social y ciudadano para el proyecto de cambio.
Han sido precisamente las acciones de ese tipo, sumadas a los bloqueos en el Congreso y en la Asamblea Constituyente, las que revitalizaron a un gobierno que aun en los peores momentos –entre julio de 2007 y mayo de 2008– nunca tuvo menos del 40% de respaldo popular, según sostienen estudios de opinión pública que con frecuencia le dan a Morales menos apoyo del que realmente tiene.
Es decir, para evitar que se realice la consulta constitucional y dirimitoria en el tema de la tierra, la ultraderecha debe apostar en serio, aunque todo indica que no tiene la musculatura suficiente para hacerlo ni las condiciones para asegurar su victoria. Dos tercios de Bolivia quieren el cambio.
El otro camino es que sectores de la derecha, principalmente de Tarija y Pando, miren la calidad de sus estatutos autonómicos, bastante similares al texto constitucional en distribución de competencias, y para evitar ser sobrepasados por la población de sus departamentos, busquen contactos y puntos de encuentro con el gobierno. De hecho, el resultado del referendo revocatorio en ambas regiones, con un 50% de apoyo a Morales en el primero y con una victoria en el segundo, constituyen datos que la oposición debe analizar con el mayor cuidado.
Es altamente probable que, en el caso hipotético de que Pando y Tarija muestren flexibilidad, Santa Cruz y Beni no vayan por ese camino. Las clases dominantes en los dos Departamentos, aun con un gobierno que cuenta con un apoyo superior al 40% del electorado en ambas regiones, tienen en sus fracciones más duras una tradición ultraderechista que, motivada por la magnitud de sus intereses en juego, parece tener la voluntad de mantener. De hecho, es con esos sectores duros que se reúne frecuentemente el embajador de Estados Unidos en La Paz, Phillip Golberg, como ocurrió el lunes 25 de agosto, reunión por la cual fue citado por el canciller David Choquehuanca.
Santa Cruz apuesta, con Beni incluido, a un proyecto separatista encubierto bajo las banderas de la autonomía. En eso tiene gran experiencia el embajador Golberg, tras su paso por la embajada de Estados Unidos en Yugoslavia y Serbia. La conspiración en serio vendrá de Santa Cruz y de la embajada estadounidense.

Las múltiples contradicciones

La recta final hacia la resolución estratégica del proceso boliviano tendrá por contradicción fundamental el enfrentamiento entre un bloque nacional-indígena-popular, que busca construir una patria para todos, y un bloque burgués-imperial-colonial, que mira con añoranza la Bolivia de los privilegios para pocos.
Los primeros saben que están cerca de lograr una hegemonía ideológica que asegurará la reproducción del proyecto durante décadas. Los segundos, salvo “ilusiones ideológicas”, hasta ahora se han mostrado incapaces de reconocer que los pueblos de América Latina caminan por una dirección contraria al individualismo, la acumulación privada, la entrega de los recursos naturales a las transnacionales, la exclusión, la anexión y la guerra como método de dominio colonial.
Pero la recta final, esa batalla decisiva de la que habla el matutino de derecha La Razón (filial de El País, de Madrid), tendrá además una contradicción dentro del desplazado bloque en el poder, entre los que pueden aceptar la nueva realidad política y tratan de perder lo menos posible, y los que se niegan a reconocer el rumbo histórico no capitalista que ha tomado el proceso y prefieren el suicidio. Los moderados, que hasta ahora han sido arrastrados por los radicales, tienen el gran desafío de dar muestras de su vocación democrática y de aportar a la construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades para todos. Los radicales harán todo lo posible para que la muerte sea de la revolución y no de ellos.

Desde La Paz, Hugo Moldiz Mercado.
Fuente: Revista América XXl

Guerra en el Cáucaso

No es el petróleo. Es algo de mayor trascendencia aún, ante lo cual se inclina esa poderosa fuerza determinante de los pasos de las grandes potencias. Es la clausura de la etapa a medias cerrada con el fracaso estrepitoso de lo que dio en llamarse “neoliberalismo”. La guerra relámpago en el Cáucaso hace estallar el realineamiento internacional que ha venido gestándose en los últimos 20 años.
En el corazón de este choque late, además, la irresuelta dinámica interna entre Rusia y los restantes países de la ex Urss y el Pacto de Varsovia: hasta dónde, cómo y con quiénes llevar la transición negativa de una economía no capitalista a otra inserta de manera subordinada al mercado mundial imperialista. Abrupta, inesperadamente, reaparecen los verdaderos dilemas planteados a la historia por el derrumbe de la Unión Soviética.
Excepto un puñado de analistas de signo diverso, intelectuales y dirigencias políticas fueron convenciéndose a lo largo de la década de 1990 de que el mundo era y siempre sería “unipolar”. El grueso de las izquierdas asumió la noción de “nuevo orden internacional”. El significado estratégico de esa interpretación fue el abandono de la revolución socialista como perspectiva. En términos tácticos, implicó un violento giro a derecha; un huracán ideológico que arrasó la geografía política mundial.
Un detalle basta para mostrar los efectos de la miopía estratégica: el G7 (Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Italia e Inglaterra) pasó a llamarse G7 + 1 (Rusia) e inmediatamente, G8. Los últimos años los empeñó el gobierno brasileño en sumarse a ese grupo exclusivo, llevado por la certeza de que ése era el punto de nexo del nuevo orden mundial. No lo logró. Pero es un dato menor. Porque ya no son 8 ni 7 + 1: la prensa mundial habla ahora exclusivamente del G7, resumiendo en ese giro el vuelco estratégico ocurrido a partir de la invasión georgiano-estadounidense a Osetia del Sur.
Con Rusia involucrada en una guerra comenzó una fase diferente en la era post soviética. Ha terminado el ensueño de una integración pacífica sobre bases capitalistas, entre la Unión Europea y los países del ex Pacto de Varsovia. Anclado en el espejismo de 1990, el pensamiento político dominante se muestra balbuciente o simplemente calla ante la súbita reaparición de la guerra y el riesgo atómico entre Estados Unidos y Rusia.

Escalada

Precedidas por masivos ataques de artillería y bombardeos a la población civil con aviones Su-25, fuerzas blindadas georgianas invadieron Tsjinvali, capital de Osetia del Sur, en la madrugada del 8 de agosto. “Hay combates encarnizados por toda la ciudad”, declaró el general Marat Kulejmátov, comandante de las fuerzas de paz rusas destacadas en la zona. Los militares georgianos que integran ese mismo cuerpo habían abandonado las instalaciones al mediodía del jueves 7, minutos antes de que comenzaran los ataques de artillería. En pocas horas murieron alrededor de dos mil civiles, de nacionalidad rusa y partidarios de la independencia. Entre ellos, 15 militares del contingente ruso.
Moscú replicó con un contraataque fulminante, que en pocas horas obligó a la retirada de Georgia. La guerra se extendió a Abjasia, otra región que reclama su independencia de Tiflis. La prensa mundial expandió la interpretación del conflicto a partir de este segundo capítulo, no tanto para ocultar el primer golpe ordenado por el presidente georgiano Mikhail Saakashvili, como para encubrir el hecho de que éste actuó bajo las órdenes de Washington. “Tenemos serias razones para creer que hubo ciudadanos estadounidenses justo en la zona de combate”, declararía luego el primer ministro ruso Vladimir Putin.
Bajo su actual gobierno Georgia es un enclave de la Otan, tiene dos mil soldados en Irak y actúa como punta de lanza del plan militar estratégico estadounidense contra Rusia.
Ya el 10 de agosto el balance militar estaba resuelto, con el obvio aplastamiento de las fuerzas georgianas y el despliegue ruso apuntado hacia la capital de ese país. Saakashvili clamó por la intervención de sus jefes. Pero George Bush se limitó a duras declaraciones. Cabe creer que los estrategas del Pentágono no previeron la determinación y contundencia con que actuaría Moscú.
El recurso intermedio de la Casa Blanca fue enviar “ayuda humanitaria” para socorrer a las víctimas de la guerra. Poco después 18 naves de guerra de la Otan estaban desplegados en el Mar Negro. El Dallas, un destructor estadounidense se apostó en el puerto georgiano de Batumi. A 300 kilómetros, en Sujumi, capital de Abjasia, se apostó de inmediato un crucero portamisiles y dos buques de combate rusos.

Escudo antimisiles: Otan vs Rusia

Simultáneamente, Polonia anunciaba que daba autorización para instalar en su territorio un escudo antimisilístico estadounidense. Rusia replicó reconociendo la independencia de Osetia del Sur y Abjasia. “El deslizamiento de la Otan hacia la confrontación con Rusia y los intentos de presionarnos son inadmisibles y pueden conducir a consecuencias irreversibles para el clima político y militar y la estabilidad en el continente”, declaró el portavoz del ministerio de Exteriores de Rusia, Andréi Nesterenko.
Las cancillerías europeas entraron en pánico. Son parte subordinada de la Otan y van ineludiblemente a la rastra de Washington. Pero dependen del petróleo y el gas que proviene de esa zona ahora en llamas.
A la defensiva, la Casa Blanca anunció mediante una portavoz, Dana Perino: “estamos en proceso de reevaluar nuestra relación con Rusia. Lo estamos haciendo en colaboración con nuestros socios internacionales”. A sus súbditos británicos les hizo decir algo más claro: es preciso formar “la mayor coalición posible contra la agresión rusa en Georgia”, espetó el canciller David Miliband; y agregó “el G-7 debe revisar la naturaleza, profundidad y amplitud de las relaciones con Rusia”. Nicolas Sarkozy y Angela Merkel recibieron el recado y se apresuraron a declarar en esa tónica.
Basta reemplazar el pseudónimo “neoliberalismo” por su verdadero nombre: reacción desesperada del capital ante su crisis estructural, para comprender qué etapa es la que clausura la guerra del Cáucaso.

Por Luis Bilbao

LECHOS MARITIMOS

De modo inusual, la Cancillería ha emprendido una minuciosa desmentida de los contenidos de una cadena de correos electrónicos que acusan al Ministerio de deliberado descuido en la definición de la plataforma marítima de la Argentina. Más aún, el texto anticipa que el país no podrá cumplir con el compromiso de presentar su reclamo de soberanía sobre aquella plataforma ante uno de los organismos técnicos creado por la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Convemar), para lo que tiene un plazo improrrogable el 13 de mayo de 2009.
Aunque suscritos con el seudónimo Ulises, se sabe que detrás de los mensajes hay un grupo de políticos y técnicos críticos del Gobierno, entre los que se cuenta el ex diputado Mario Cafiero.
El canciller Jorge Taiana tomó la decisión de abrir las puertas de la versión oficial -publicada en Clarín-, crecientemente preocupado por las imputaciones que se niegan a desaparecer, a pesar de que, hasta ahora, no trascendieron en detalle más que a través de correo electrónico.
El documento de la cadena, además, sugiere que la presunta morosidad argentina está -desde los acuerdos entre Londres y Buenos Aires de 1990 sobre el conflicto de Malvinas- en concordancia con un proceso de negociación del Reino Unido con los sucesivos gobiernos argentinos, incluyendo el presente, que se mantiene en secreto y se mezquina a la opinión pública.
Taiana y los diplomáticos involucrados en el proceso aseguran que las denuncias están construidas sobre falsedades.
La Argentina casi ha completado el proceso de definición de la plataforma, tarea -dicen- que tuvo como principal herramienta al "ARA Puerto Deseado", un buque oceanográfico de diseño argentino que fue transferido por la Armada al Conicet. Llegará a tiempo para presentar su informe ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), el organismo creado por la Convención del Mar.
La Cancillería desmiente también que el Reino Unido haya completado su presentación, como sostiene el documento crítico. Una fuente aseguró que los estudios británicos habían sido completados hasta la plataforma de la isla Ascensión, bajo soberanía de la corona, en el Atlántico.
Una de las imputaciones del documento crítico es que el Reino Unido ya completó su propio reclamo, incluyendo el mar austral a partir de Malvinas y Georgias del Sur.
El proyecto argentino ha conocido dificultades -emprendido en 1997, cuando se creó la Comisión de Límite Exterior de la Plataforma Continental-, sobre todo a comienzos de siglo, cuando la profunda crisis económica poco menos que los dejó sin financiación.
El "ARA Puerto Deseado" tuvo además dos ocasiones de desperfectos mayores que obligaron a reparaciones, una seguidilla que hizo que la Cancillería sospechara de un mal disimulado retiro de cooperación de la Armada, que pone la tripulación.

Publicado por Oscar Cardoso para su blog en la comunidad Clarin.