En un discurso el martes 7 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush acusó formalmente al de Venezuela, Hugo Chávez, de haber convertido a Venezuela en "un santuario para unidades de las FARC". El presidente remarcó las alianzas de Chávez con Cuba e Irán, urgió a aprobar el Tratado de Libre Comercio con Colombia para respaldar al gobierno de Álvaro Uribe y calificó al gobierno de Caracas como "hostil con Estados Unidos y con los intereses americanos". Sin embargo, un documento elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, difundido el día anterior, advierte que antes de adoptar tal sanción, "los legisladores deben asegurarse de que la ley sea construida con cuidado y flexibilidad para que garantice que las sanciones afecten a Chávez y no fortalezcan sus posibilidades de movilizar la opinión pública a su favor, tanto en Venezuela como en el resto de América Latina". El texto es enfático, además, cuando recomienda a los legisladores "tener extremo cuidado a la hora de aprobar sanciones que dejen aislado a Estados Unidos y reduzcan su margen de maniobra para empujar reformas constructivas en la región".
El documento -filtrado a la prensa durante una visita a Bogotá de Carl Meachem, asesor principal de la Comisión para asuntos latinoamericanos y publicado por el diario colombiano El Tiempo- subraya además que "cualquier nueva sanción no debe afectar las posibilidades comerciales de Estados Unidos". E insiste en buscar previamente el consenso con los gobiernos al Sur del Río Bravo porque "sin ese apoyo las sanciones no serían tan efectivas o incluso podrían ser contraproducentes". En la conclusión práctica de sus estimaciones, el Senado señala que "Estados Unidos debe tener cuidado de no equiparar a otros países como simpatizantes del terrorismo por mantener agendas con Venezuela". En ese contexto, el discurso de Bush pareció más una diatriba con su propio Senado que una decisión contra Chávez.
Reconocimiento
Es significativo el hecho de que el círculo áulico del Senado estadounidense advierta sobre la necesidad de eludir el aislamiento de Washington. Ante todo, el párrafo constituye un reconocimiento tácito del lugar que Caracas ha logrado en el concierto diplomático regional. Aun sin un relevamiento sistemático, es presumible que jamás, en 200 años, un gobierno estadounidense haya tenido que tomar en cuenta un riesgo semejante. Incluso en los años 60 cuando la simpatía generalizada en la región con la Revolución Cubana obligó a Washington a pergeñar la Alianza para el Progreso, el Departamento de Estado podía planificar la expulsión de Cuba de la OEA sin el más mínimo temor a la deserción de los restantes países. No menos elocuente es el hecho de que desde el Capitolio se muestre temor por las posibilidades de Chávez de movilizar a su favor la opinión pública venezolana y latinoamericana. El presidente venezolano, quien siempre habla con amargura de "la falla tectónica" de su gobierno en materia de comunicación, debe haber leído con asombro ese reporte.
El posible salto a una acusación formal contra Venezuela es tanto más incierto en la medida en que su aval sería la famosa computadora portátil de Raúl Reyes, el comandante de las FARC abatido en territorio ecuatoriano a comienzos de marzo. Las supuestas revelaciones obtenidas de esa notebook, que aparecen en cuentagotas y según los requerimientos de la coyuntura, son más bien motivo de chanzas. En sucesivas reuniones de altos funcionarios latinoamericanos realizadas durante los últimos dos meses, tuve oportunidad de comprobar que incluso los representantes de gobiernos menos próximos a Caracas le atribuyen cero credibilidad al asunto.
No obstante, incluso el Senado está lejos de desechar ese recurso, aunque advierte que "hay que asegurarse que la información del computador se distribuya ampliamente y exista transparencia sobre cómo fue analizado". Para ello recomienda "crear una página oficial en Internet, asociada con la INTERPOL u otro organismo multilateral que sirva como canal exclusivo para hacer públicos los documentos. Esa organización debe ser vista como imparcial por los países pues de lo contrario se corre el riesgo que se diga que está siendo manejada por Estados Unidos".
En la misma dirección, las instrucciones del Senado apuntan a explorar una línea de colaboración con el gobierno de Ecuador por intermedio de la OEA, con el objetivo de sustraer a ese país de la influencia de Caracas. El documento aconseja colaborar para el "entrenamiento y dotación a las fuerzas antinarcóticos de Ecuador y la entrega de ayuda humanitaria para colaborar con el país en la atención de la población desplazada de Colombia". Esa línea de acción no excluye la intervención militar, al afirmar que tal política "debe incluir asistencia para interdicción en puertos y fronteras al igual que radares, equipos de comunicaciones, municiones y apoyo logístico para las fuerzas armadas que vigilan la frontera".
Fuentes del gobierno ecuatoriano descartan la eventualidad de tal aproximación entre Quito y la Casa Blanca. La misma opinión puede recogerse de la diplomacia venezolana. La orientación propuesta por el Senado estadounidense, con mayoría Demócrata, indica así sobre todo una diferencia significativa con la actual administración, aunque ésta estribe en la conducta inmediata a adoptar frente a los gobiernos suramericanos y, tácitamente, en la evaluación de los riesgos de la diplomacia estadounidense para el hemisferio.
Por Luis Bilbao.
Caracas, Venezuela.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario