Refundación: la nueva Carta Magna de Ecuador fue aprobada por el 64% de los votos en el referendo constitucional del 28 de septiembre. La Constitución, única en el mundo por reconocer derechos a la naturaleza, garantiza la gratuidad de la enseñanza –incluido el nivel universitario– la salud y los servicios sociales. En consonancia con el sumak kawsay (buen vivir) y la economía social, el Estado recupera la potestad sobre los recursos naturales estratégicos asegurando la soberanía alimentaria y energética. La banca pasa a ser un servicio público, se prohíbe la estatización de las deudas privadas y se establecen auditorías ciudadanas para controlar el endeudamiento externo contraído por el Estado. Además se garantiza el acceso al agua, la tierra, los insumos, las maquinarias y el crédito. En 444 artículos el cuerpo jurídico da nacimiento a un nuevo concepto de nación.
El 28 de septiembre pasará a la historia. El 64% de la ciudadanía votó por el Sí a la nueva Constitución redactada por la Asamblea Constituyente que durante 2007 trabajó incansablemente retomando reclamos y luchas históricas de los movimientos sociales y políticos, indígenas y campesinos. Dos visiones opuestas del futuro estaban en juego en el referendo y los ecuatorianos optaron por enterrar definitivamente un sistema de opresión, saqueo e injusticia. La nueva Carta Magna plantea un giro de 180 grados en las relaciones entre el Estado, la sociedad y el mercado. En el ámbito del desarrollo establece que el centro del crecimiento es el ser humano y el objetivo es alcanzar el sumak kawsay o buen vivir, retomando la cosmovisión de la nacionalidad Kichwa. Lograr un estado de armonía entre los seres humanos, la comunidad y la naturaleza es la base del buen vivir. Por primera vez en la historia de Ecuador, un texto constitucional reconoce y valora el aporte de los pueblos originarios a la creación de un nuevo pacto de convivencia en la diversidad. Para la nueva Constitución, el sumak kawsay implica contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la redistribución de los beneficios del desarrollo tanto social como territorial. El sistema de inclusión social busca el mejoramiento de la calidad y esperanza de vida de la población y el despliegue de sus capacidades y potencialidades. La participación juega un rol clave para alcanzar el buen vivir, pues a través de ella se potencia y promueve la democracia.
Además, la nueva Constitución es la primera en la historia de la humanidad en reconocer derechos a la naturaleza. Pero el sumak kawsay no se agota en las relaciones internas y en la convivencia nacional, también se plantea las relaciones con otros Estados. La garantía de la soberanía nacional, la integración latinoamericana y la inserción estratégica en el contexto internacional forman parte de los postulados de la nueva Constitución. Además, a través de un proceso efectivo de descentralización y autonomía regional, propone un nuevo ordenamiento territorial para terminar con la desigualdad entre las regiones más ricas y las más pobres.
El fin de la economía de mercado
Actualmente Ecuador es el tercer país con mayor desigualdad económica en Suramérica, después de Brasil y Paraguay, y el segundo país con más bajos índices de desarrollo humano, después de Bolivia. Los beneficios del crecimiento económico nunca llegaron a la mayoría de la población y se repartieron entre las reducidas elites económicas y políticas. Durante la “larga noche neoliberal” el mercado pasó a ser el motor del desarrollo y todo fue convertido en mercancía: la salud, la educación, incluso la naturaleza. Las empresas empezaron a comercializar el agua, y el mercado se convirtió en el gran regulador, dejando de lado el papel del Estado en la economía. Se introdujo entonces la dicotomía entre Estado o mercado, desconociendo las necesidades y los derechos de la sociedad y la naturaleza como fuerzas dinamizadoras de cualquier iniciativa de desarrollo.
La nueva Carta, al contrario, establece que para alcanzar el sumak kawsay se debe pasar de la economía de mercado, enarbolada en la Constitución anterior, a la economía social y solidaria, regulada por el Estado. La soberanía alimentaria y energética, el comercio justo, el pleno empleo y el consumo social y sustentable son los ejes de esta forma de entender a la economía.
Los postulados sobre el buen vivir y la soberanía económica se concretan en una serie de disposiciones que dan cuenta del verdadero cambio entre un modelo de desarrollo depredador y una apuesta por un modo de vida inclusivo, respetuoso de la diversidad y de la naturaleza.
A diferencia de la Constitución de 1998, la nueva Carta establece que los pequeños y medianos productores tendrán prioridad para las compras públicas. No es casual que uno de los elementos nodales en las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos hayan sido las compras públicas. En el caso ecuatoriano, en 2007, el presupuesto general del Estado fue de 10 mil millones de dólares, de los cuales el 50% se destinó a compras públicas. En la economía de mercado, las grandes empresas nacionales y transnacionales se benefician con estas compras en desmedro de la calidad de vida de la mayoría de la población.
En relación a la banca los avances logrados con la nueva legislación son significativos. Hay que recordar que Ecuador sufrió en 1999 la peor crisis bancaria de su historia reciente: millones de personas perdieron todos sus ahorros y el Estado, en un intento desesperado por salvar a la banca, gastó 8.500 millones de dólares, casi todo su presupuesto general anual. Esta crisis provocó la emigración masiva de millones de ecuatorianos al exterior.
En la nueva Constitución la banca pasa a ser un servicio de orden público. Se prohíbe el congelamiento de las cuentas de los depositantes, los banqueros no podrán tener empresas ajenas a su actividad, ni medios de comunicación, y se asegura la democratización del crédito.
Por otra parte, la precarización laboral, una de las consecuencias de la liberalización del mercado de trabajo pregonada por el Consenso de Washington llevó a que en Ecuador tuviera lugar la tercerización a gran escala. Los trabajadores eran contratados por empresas intermediarias que no les aseguraban sus derechos laborales básicos. La nueva Constitución prohíbe toda forma de tercerización e intermediación laboral.
Recuperación de los
recursos estratégicos
En la Constitución de 1998 los sectores estratégicos de la economía fueron eliminados de un plumazo, abriendo las puertas a la privatización. La nueva Constitución recupera la noción de sectores estratégicos y prohíbe su privatización. Además incorpora al agua como un sector estratégico. La energía, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, así como también el espectro electromagnético son considerados propiedad del Estado y por ende, de los ciudadanos.
Respecto a la deuda externa, se prioriza la inversión social por sobre el pago de la deuda, se prohíbe la estatización de deudas privadas y se establecen auditorías ciudadanas para controlar el endeudamiento externo contraído por el Estado. Además se garantiza el acceso equitativo y la democratización de los medios de producción: la utilización del agua, la tierra, los insumos, las maquinarias y el crédito. En el campo social, se garantiza la educación laica, gratuita y de calidad hasta el nivel universitario. La salud, incluyendo las medicinas para todo tipo de enfermedades, también debe ser gratuita. Se universaliza la seguridad social, incluyendo a amas de casa, trabajadores autónomos, migrantes, niños y jóvenes y se prohíbe su privatización.
La nueva Constitución fue desde su concepción un verdadero ejemplo de ejercicio democrático. La aprobación de la Carta por el 64% de los votos así lo demuestra. “La primera etapa de la Revolución Ciudadana ha culminado con éxito y de manera contundente”, aseguró el presidente Rafael Correa.
Desde Quito, Ana María Larrea Maldonado
Fuente: Revista América XXI
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