El anuncio de la construcción de dieciocho hospitales públicos y las constantes amenazas del presidente venezolano, Hugo Chávez, de avanzar sobre los capitales privados y, por otra parte, la declaración de la Ministra de Salud de Ecuador, Carolina Chang, - tras el contundente triunfo del oficialismo en las elecciones constituyentes de su país- acerca de que la reforma constitucional consolidará al sector de la sanidad como “eje estratégico” para el desarrollo social, colocaron al deplorable sistema de salud pública universal de ambos países en el centro de la escena.
Desde Caracas como de Quito sostienen que garantizar la prestación médica obligatoria a sus pobladores será uno de los pilares del socialismo del siglo XXI que ambas capitales pregonan para sus respectivas naciones.
Ante este escenario, es preciso preguntarse si: ¿La salud es una cuestión que solamente compete al Estado?
La Segunda Conferencia Internacional Primaria de la salud (C.I.P.S), que se desarrolló en agosto último y que contó con la participación de representantes de países de todo el mundo, se expresó claramente al respecto.
En un documento mencionó al Estado como al único responsable del sector y resaltó el papel que éste debe cumplir con el fin de garantizar el derecho fundamental del ser humano de disfrutar al máximo de salud más allá de sus diferencias raciales, religiosas, políticas y sociales.
Ahora bien, el Derecho que los ciudadanos tienen de recibir atención médica gratuita no es solo una cuestión de venezolanos o ecuatorianos. Al menos no debería serlo, el Derecho a la salud es universal.
Éste, sin embargo, ha sido vulnerado por la mayoría de los gobiernos de América Latina. Los latinoamericanos padecen serias consecuencias físicas por no recibir siquiera asistencia médica primaria. Entre ellos se encuentran los sectores marginados de la sociedad que no cuentan con ningún tipo de seguro social (trabajadores informales, desocupados, indígenas, etc), ni tampoco pueden pagar las altas cuotas de la medicina privada para recibir atención digna a cambio.
En coincidencia con esta visión, la Conferencia Internacional Primaria de Salud, denunció, también, que la mayor parte de la humanidad no puede acceder a una atención integral, equitativa y básica. La poca importancia que le ha prestado el Estado a la salud, sumado a los niveles de desocupación y pobreza, desembocó en estadísticas que son calamitosas y vergonzantes para la mayoría de los ciudadanos.
En Chile, uno de los países más prósperos del cono sur, las muertes son de 8,36 cada mil nacimientos y la expectativa de vida no supera los 76 años promedio, en tanto, en Argentina, principal productor de alimentos de la región, las muertes llegan a 8,36 por cada mil nacimientos y los argentinos no pasan la barrera de los 76.
Pero estas cifras son aún más crueles en países como Bolivia, Perú, Centro América y el Caribe. En el altiplano boliviano, por ejemplo, cada mil nacimientos se producen 50,43 muertes anuales. Y aunque la región haya crecido a un promedio del seis por ciento anual durante los últimos cuatros años, las cifras de mortalidad infantil permanecieron congeladas en casi todo el continente.
Década del noventa: falta de inversión y salarios bajos.
El deterioro del sistema de la salud pública Latinoamericana proviene desde hace mucho tiempo atrás, pero, sin dudas, se agudizó en la década de los noventa.
Durante este periodo, las privatizaciones ocuparon un lugar preponderante en la región. El proceso neoliberal, impulsado por Washington, se apoderó de la mayoría de los bienes propiedad del Estado.
Es cierto que la salud no sufrió este proceso como las telecomunicaciones, los ferrocarriles, y los minerales, pero la aparición de la medicina privada desembocó en un desentendimiento total por parte del Estado en la materia.
La falta de inversión en los hospitales públicos dejó al sistema en terapia intensiva y a los sectores medio-bajos sin cobertura, mientras los empresarios levantaron lujosos sanatorios o clínicas privadas para brindarle asistencia de calidad a las elites.
Por su puesto que hubo excepciones y no todos aceptaron las recomendaciones de la Casa Blanca. El gobierno de Fidel Castro, conducido actualmente por su hermano Raúl, fue uno de ellos. Con un embargo económico acuesta desde hace años, continuó con la profundización de la revolución y actualmente, la isla cuenta con uno de los mejores niveles de salud reconocidos por el mundo entero; la salud, en Cuba, es pública e igualitaria.
En su último documental, Sicko, Michael Moore, denunció a las principales empresas privadas, dueñas absolutas de la salud en Estados Unidos, padre del sistema privado de salud, e hizo una explícita defensa del sistema cubano. Moore quedó sorprendido cuando comprobó que un chico de Detroit tiene por lo menos tres años de vida menos que uno cubano, y que la mortalidad infantil en EEUU es una de las más altas del mundo.
El sistema público vigente en América Latina, por otra parte, tiene varios inconvenientes como ya hemos mencionado, pero la falta de médicos y asistentes en las zonas más castigadas por la pobreza y marginación deterioraron aún más al frágil aparato estatal.
Los salarios bajos son la principal causa para que lo médicos abandonen estas zonas y se trasladen a las grandes urbes o busquen nuevos horizontes en los países desarrollados.
Según datos oficiales, seis mil médicos se instalan en EEUU por año, y mientras el 83 por ciento de los enfermeros se concentran en Canadá y Norteamérica, el Caribe convive con el 40 por ciento de vacantes en enfermería.
Además, otro factor que tienta a los médicos es la posibilidad que les brindan algunos países europeos de enrolarse y prestar servicios en las Fuerzas Armadas, de esta forma, después de unos años de servicio en la entidad, pueden obtener un pasaporte comunitario.
España es una de esas naciones. Actualmente, el ejército español cuenta en sus escuadrones con médicos latinoamericanos: 1636 colombianos, 170 bolivianos, 173 paraguayos, 99 venezolanos y 83 argentinos.
La apuesta de Hugo Chávez y Rafael Correa claramente tiende a garantizarle a sus gobernados el Derecho a recibir prestación médica gratuita e igualitaria. Por esta razón, los empresarios de la salud temen una “cubanización” del sistema en Venezuela y Ecuador y probablemente no hayan equivocado su diagnóstico.
Por Juan Mansilla.
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