La creación del fondo de redistribución social del gobierno de Cristina Fernández logró cambiar –por lo menos en gran medida- la esencia de la disputa que mantiene la Casa Rosada con el sector agropecuario por las retenciones móviles.
Los presidentes de las cuatro entidades rurales (CRA, CONINAGRO, FAA, SRA) no tuvieron más remedio que avalar- algunos con ganas y otros no tanto- por unanimidad el destino que el gobierno le dará a los casi 2100 millones de dólares provenientes del aumento al régimen de retenciones: construcción de hospitales públicos, mejoramientos de caminos rurales y edificación de viviendas populares.
La pelea entre el gobierno y el campo, que lleva noventa y seis días sin solución, arrancó después que el gobierno decretara en el mes de marzo el cambio de régimen de retenciones a la soja. La quita a la exportación de la oleaginosa pasó desde ese entonces de un treinta y cinco por ciento a un porcentaje móvil, atado al precio de los granos en los mercados internacionales.
Los ruralistas repudiaron aquella medida y comenzaron con la huelga. Los dirigentes del campo acusaron a la administración central de querer engrosar la caja central con los nuevos fondos y pidieron, además, diferenciar al pequeño- mediano de los grandes productores, la apertura de los envíos de trigo al exterior y un plan a largo plazo para las economías regionales –hoy afectadas seriamente por la duración del conflicto-.
El gobierno esgrimió que la suba de las retenciones se debió, en un primer momento, para frenar el alza de precios de los alimentos en el mercado interno. Y, más adelante, tomó la iniciativa unilateral para dar respuesta a las demandas del campo. Entre otras cuestiones, el Ministerio de Economía implementó un sistema de reintegros para los pequeños productores, abrió la exportación de trigo y carne como exigían las entidades rurales y,actualmente, analiza nuevas medidas para reforzar las economías regionales.
Esta actitud le permitió a la presidenta tomar un poco de respiro en medio del prolongado conflicto que paralizó por completo al país y para dar el golpe final: el anuncio del fondo de redistribución social.
Sin embargo, el efecto mediático del anuncio duró poco ya que los agropecuarios y otros sectores comenzaron a sospechar sobre el verdadero curso que el gobierno le dará a la renta extraordinaria y prosiguieron con la protesta.
Según la definición del diccionario de la Real Academia, redistribución significa acción o efecto de redistribuir algún bien. ¿Cumplirá el gobierno argentino con esta definición? ¿La presidenta asumió el compromiso de redistribuir la renta entre los sectores más marginales de la sociedad argentina como parece mostrar el oficialismo? O ¿Sólo se trató de una promesa para no ceder frente al reclamo agropecuario como dicen los ruralistas?
En verdad, el gobierno no cuenta con antecedentes que lo ayuden demasiado en este nuevo proceso que inauguró hace una semana atrás. Durante el período 2004-2005, el presidente Néstor Kirchner anunció la construcción de 320 mil viviendas vía dos planes federales, pero cumplido el plazo de ejecución y hasta la asunción de Cristina Fernández sólo se habían entregado 74.500 casas populares, es decir, un 25 por ciento de lo pautado. En esa misma etapa, el gobierno K prometió el envío de cinco millones de dólares para perfeccionar hospitales de la provincia de Tucumán, los desembolsos jamás llegaron a destino y los centros hospitalarios continúan brindando servicios en precarias condiciones en la actualidad.
Cifras mentirosas: pobreza, mortalidad infantil y tren bala.
Por otra parte, el panorama argentino es preocupante, la iglesia y otros organismos no gubernamentales alertaron a las autoridades nacionales sobre el avance de la pobreza e indigencia en varios puntos del país y una fuerte concentración de la riqueza en todo el territorio nacional.
El gobierno negó esta realidad que denuncian el clero y varias ONG. Las estadísticas oficiales son un claro ejemplo de ello. Para el INDEC, la indigencia cayó 1,7 % en abril último, la inflación de mayo fue del 0,6 %, los alimentos sólo subieron un 0,1 %, los salarios treparon en un 2.5 % y la canasta básica cayó 1,1 %. Las empresas privadas, en tanto, indicaron que la inflación rondó entre 1,2 y 1,5 %.
Los datos oficiales parecen ir en contramano del nuevo papel que el gobierno amenaza con jugar en un escenario internacional favorable para sus finanzas. Según la ONU y el Banco Mundial, Argentina, Brasil e India serían los mas beneficiados debido a la crisis alimentaria.
El Estado necesita datos confiables para atacar la inflación, principal causa de la pobreza, y poder así útilizar mejor los fondos extraordinarios para los sectores más necesitados.
La semana pasada, el diario Crítica de la Argentina reveló como se manipulaban las cifras de mortalidad infantil en la provincia de Tucumán, una aliada al gobierno. La administración Fernández había calificado unos meses atrás de ejemplar la gestión del gobernador José Alperovich contra la mortalidad infantil. La investigación del matutino, por el contrario, denunció que cientos de bebés cuyo peso era inferior a los 500 gramos y que habiendo nacido vivos, eran registrados como defunciones fetales. Esa fue, según el diario, la principal causa de la baja de muertes de bebés y no una mejor calidad de vida de los tucumanos como decían las autoridades locales.
El drama de la mortalidad infantil en varias provincias del norte argentino se mezcla con la construcción de un tren de alta velocidad.
El tren bala le costará al Estado unos 4500 millones de dólares de reservas nacionales y el servicio será utilizado sólo por un selecto grupo de argentinos ya que el costo del pasaje se estima que rondará los 500 pesos. Los fondos utilizados para esta mega-obra podrían ser utilizados para agua potable, cloacas y otros servicios fundamentales para la calidad de vida de miles de hombres.
Proyecto sur, conducido por el cineasta y escritor Pino Solanas, denunció que la obra no es viable para el país y que con la mitad de ese presupuestos se restablecería gran parte de la red ferroviaria nacional, comunicando varios pueblos fantasmas con los grandes centros urbanos y con un boleto accesible para toda la sociedad argentina.
La redistribución de la riqueza es necesaria para terminar con las injusticias sociales en el país de los alimentos, pero ciertamente será el gobierno el que cumpla con este prometido, el tiempo será el único juez que dictamine una sentencia al respecto.
Por Juan Mansilla.
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