La última jornada de movilización y huelga, que terminó con 400 detenidos y una decena de heridos, organizada por la Central Unitarias de Trabajadores de Chile, puso en jaque, con tan sólo un año y medio de gestión, al gobierno de la socialista Michelle Bachelet y, además, originó un debate en la población sobre el modelo económico vigente.
No es la primera vez que los chilenos copan las calles de las principales ciudades del país cordillerano para manifestarse en contra de la política económica imperante y, por otra parte, que la imagen de Bachelet, que a principio de su mandato alcanzó un 70 por ciento de aceptación, sufra una nueva caída en las mediciones.
Los “pingüinos”, estudiantes del nivel medio, fueron los primeros que dañaron la figura presidencial. Después, fue el turno de los usuarios del transporte público, que cuestionaron el deplorable servicio que brindó el nuevo sistema transantiago, impuesto por el gobierno para reducir el tránsito y disminuir la contaminación ambiental de la ciudad capital y, por último, los Trabajadores Contratistas de la Corporación del Cobre, principal mineral del país, pusieron el grito en el cielo provocando fisuras en el gabinete nacional y abriendo caminos antes intransitables para la oposición.
Ciertamente, los protagonistas de las manifestaciones representan a distintos sectores de la sociedad chilena, pero sus reclamos apuntaron a un solo objetivo: mejorar la distribución del ingreso
Chile es el país más desigual de la región. Según una encuesta del organismo que mide la pobreza, el diez por ciento de la población más rica gana más que el diez por ciento más pobre y los ejecutivos senior son los mejores pagos de América Latina con una renta anual de 227.885 dólares, mientras que el resto vive con 275 dólares mensuales.
Otro dato lo propicia un estudio sobre la riqueza mundial, elaborado por la multinacional Boston Consulting Group (BCG), la que determinó que Chile tiene cuatro millones de familias millonarias y que el noventa por ciento de los ciudadanos pasan sus días con ingresos que van desde 0 a 2.282 dólares por mes.
Sin embargo, para los centros de poder estos numeros pasan a un segundo plano a la hora de evaluar las políticas adoptadas por distintos gobiernos, el FMI, Banco Mundial y el G 7 sostienen que la política neoliberal, enquistada en Chile desde la dictadura de Augusto Pinochet, es un ejemplo que deberían seguir sus vecinos sudamericanos si es que estos últimos desean abandonar la condición de subdesarrollados o tercermundistas.
Para los países industriales, Chile logró una estabilidad económica en estos últimos años más allá del partido gobernante, garantizándole: un aumento del PBI y cerrar acuerdos de libre comercio con los principales mercados(EEUU, Unión Europea, China y Japón), receta defendida por Washintong. Pero ni Bolivia, el país más pobre de la región, tiene semejante brecha entre ricos y pobres.
En rigor, la inocultable distancia entre los sectores más pudientes y de menores recursos, le han ocacionado fuertes dolores de cabeza a Bachelet, quién a diferencia de su antecesor Ricardo Lagos, demostró incapacidad a la hora de sortear las recientes crisis que golpearon duro a su gobierno y en alinear a su propia tropa detrás de las recientes medidas económicas.
El lanzamiento del ambicioso plan social que incluye la construcción de 2700 guarderías, doce hospitales, una inversión de 650 millones de dólares para educación; llevando el presupuesto educativo a cinco millones y la condonación de deudas habitacionales para hogares pobres, resultó insuficiente para la mayoría de los chilenos.
Ellos exigen cambios profundos que les permitan aprovechar el desarrollo alcanzado por su país y mejorar, así, sus ingresos. Por eso es que, ante la debilidad de Bachelet, han encontraron un camino para alcanzar sus propósitos o por lo menos ser escuchados: la protesta.
De esta forma, es como los estudiantes lograron aumentar el presupuesto educativo, los vecinos de Santiago tiraron por tierra al nuevo sistema transportista, los trabajadores contratistas del cobre dejaron de lado lo que ha Pinochet le costó tantas muertes y detenciones clandestinas.
Queda claro, entonces, que las políticas neoliberales, implementadas en nuestra región desde la década del setenta y agudizadas en los noventa, no son garantía de una mejor calidad de vida para las clases medias y mucho menos para los pobres, por esta razón, Chile no está exento de una crisis social más profunda de la que vive en la actualidad, aunque el resto del mundo considere que es un país previsible.
Por Juan Mansilla.
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