Desempate: por votación conjunta de los parlamentarios del MAS y fracciones de la derecha opositora, más de dos tercios del Congreso Nacional aprobó la convocatoria a un referendo constitucional para el 25 de enero de 2009. Este resultado ha sido efecto directo de las modificaciones hechas al proyecto de Constitución aprobado en diciembre de 2007. Contrariamente a lo que difunde la derecha, no ha habido un cambio radical del texto. Sí lo hubo en un tema: la tierra. Ese paso atrás se muestra como el inevitable sacrificio que los movimientos sociales, principalmente indígenas y campesinos, han tenido que hacer para salir del empate catastrófico que aprisionaba a la revolución. Si bien la constitución de un nuevo Estado deberá recorrer todavía un largo sendero en el que las amenazas quizá sean mayores, las clases antes subalternas son ahora gobernantes. El camino hacia la construcción de una sociedad no capitalista ha vencido uno de los obstáculos más importantes.
En la tarde del martes 21 de octubre, miles de voces de indígenas y de trabajadores, confundidas en un abrazo y con la garganta contenida por la emoción, le daban vivas a la aprobación de una ley por la cual el 25 de enero de 2009 el pueblo boliviano deberá decidir si aprueba o no la nueva Constitución Política del Estado. La satisfacción no era para menos. Se había roto el cerco con el que la ultraderecha, respaldada firmemente por los Estados Unidos, tenía aprisionado al proceso de cambio estructural que lidera el presidente Evo Morales.
La aprobación del texto constitucional se da por descontada en enero. Más que el cumplimiento de una formalidad prevista por la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente en el primer trimestre de 2006, será en realidad el resultado de “18 años de marchas de un pueblo, que desde lo más profundo de la tierra, desde los barrios, desde los sindicatos, desde las universidades, desde las fábricas, desde las minas, salió para decir que nunca más iba a haber una Bolivia sin la gente, sin los bolivianos, sin los trabajadores, sin la gente sencilla, sin la gente humilde”, como afirmó el vicepresidente boliviano Alvaro García Linera.
Valió la pena la caminada de siete días y la vigilia frente al Congreso Nacional. El triunfo va más allá de la legalidad. Es la resolución del largo empate catastrófico o el poder dual –como quiera leerse– entre un bloque nacional-indígena-popular que levanta un proyecto social y estatal distinto al experimentado en más de 500 años de colonialismo y dos décadas de secante neoliberalismo, y un viejo bloque de clases dominantes aferrado en dos años y ocho meses a un pasado que ya no tiene cabida. “Siento de verdad que este proceso de cambio no se interrumpe. Digan lo que digan y hagan lo que hagan, no volverá el neoliberalismo a Bolivia”, aseguró Morales ante sus seguidores.
La movilización social derrotó, menos de un mes atrás, el golpe de Estado que la ultraderecha puso en marcha contra el presidente indígena y ahora, con una derecha dividida, la revolución ha dado un paso fundamental.
La tierra, asignatura pendiente
La conquista de la cúspide ha demandado, sin embargo, concesiones en el proyecto de Constitución. Para medirlas en su exacta dimensión deben ser analizadas desde la perspectiva larga de la historia que está siendo escrita por aquellos vilipendiados –como suele decir frecuentemente Morales– que en la colonia (continúa pág. 24)
y la vieja república estaban subsumidos por autoridades, dirigentes, partidos e intereses que no eran los suyos.
La más importante es la referente a la tierra, ya que independientemente de que el máximo de propiedad agraria sea de 5 mil ó 10 mil hectáreas –lo que será definido en el referendo dirimidor de enero– su aplicación no tendrá carácter retroactivo. Se han levantado legítimas voces de crítica y desconcierto porque en una primera instancia los latifundistas parecen estar a salvo.
El precio de contar con una nueva Constitución es demasiado alto y, como no podía ser de otra manera, la modificación del carácter de la tenencia de la tierra, en la que cerca de 32 millones de hectáreas están en pocas manos y cuatro millones en propiedad de los campesinos e indígenas, ha quedado como una de las asignaturas pendientes de la revolución boliviana.
A manera de consuelo, quedó implícita la tarea del gobierno de Morales de poner en marcha un serio proceso de saneamiento de la propiedad rural, que es la única manera de revertir y expropiar las millones de hectáreas adquiridas por la burguesía agroexportadora y latifundista durante las dictaduras militares y los gobiernos neoliberales. Ese parece ser el único instrumento que por lo pronto tendrán a mano los movimientos sociales hasta que una modificación del texto constitucional sea posible en el próximo período del líder indígena (2009-2014), quien aspira a tener el control del Congreso con más de dos tercios.
De hecho, una de las principales lecciones que arroja las condiciones y los términos en que fue aprobada la convocatoria al referendo constitucional, según se desprende de varios análisis y comentarios, es que los movimientos sociales deben avanzar hacia un mayor protagonismo en el diseño y ejecución del poder.
La derecha, dividida
La orfandad social de la derecha es contundente. La ultraderecha se ha aislado y con serias fisuras internas entre prefectos y dirigentes cívicos opositores, su suerte parece estar echada luego de que sus voceros anunciaran la campaña por el No al proyecto de Constitución. Por contrapartida, los opositores que viabilizaron en el Congreso el llamado a la consulta y las modificaciones al texto constitucional se esfuerzan por arrebatarle el triunfo al Gobierno y a los movimientos sociales. Uno de los que ha ingresado en la aplicación de esa táctica es el jefe de Podemos, Jorge Quiroga, quien nunca dejó de alentar a sus correligionarios para bloquear el proceso constituyente, según ha denunciado el jefe de la bancada parlamentaria del MAS, César Navarro.
La preocupación de la derecha ya no es la aprobación de la nueva Constitución. La saben inevitable y está dispuesta a sacarle provecho como punto de partida para las elecciones generales de diciembre de 2009. La ausencia de un liderazgo nacional y las serias señales de dispersión que se han experimentado en los últimos meses se convierten en sus principales adversarios. Antes de pensar en la constitución de un frente de “todos contra el MAS”, al que ha convocado el alcalde de Potosí, René Joaquino, el mayor problema de la derecha se encuentra en la ausencia de partidos. Podemos está en proceso de fragmentación, UN (Unidad Nacional) de Samuel Doria Medina y el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) están debilitados. Tan es así que el prefecto de Beni, Ernesto Suárez Sartori anunció la fundación de su partido. Por lo demás, no pocos opositores que alentaron la organización de grupos paramilitares, la toma de instituciones públicas y la voladura de gasoductos serán objeto de procesos judiciales, “ya que el acuerdo por la Constitución no implica un acuerdo por la impunidad”, como ha sentenciado el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez.
Los desafíos
Luego de romper el cerco que la burguesía le tendió al proceso de cambio, los desafíos para el Gobierno se dibujan en el plano de la construcción de la nueva institucionalidad y en la gestión económica, según ha reconocido el presidente Morales al expresar que la derecha se opuso a que las elecciones sean en junio de 2009 porque piensan encontrar en diciembre a un “Evo destrozado política, económica y financieramente; en vano están calculando eso”. Sin embargo, los riesgos no pueden ser subestimados. A falta de propuesta, la derecha confía en que la crisis global del capitalismo, del que fueron sus fieles feligreses, afecte la economía boliviana y decepcione a la población. Una apuesta a la misma táctica que desarrollaron durante los primeros meses de 2007 al poner en marcha una campaña de desabastecimiento de los artículos de primera necesidad y de anuncio de cierre de empresas; solo que esta vez con la complicidad de un orden capitalista mundial que no sabe cómo salir del abismo.
“Vamos a prepararnos y nuestro plan es llegar con más fuerza”, sentenció Evo Morales al recordar las difíciles condiciones en las que tuvo que enfrentar la lucha política y con una clara señal de que piensa superar el 54% de diciembre de 2005 y el 67,41% de apoyo recibido en el referendo revocatorio de agosto.
Desde La Paz, Hugo Moldiz Mercado.
Fuente: Revista América XXI
