Chile: Bachelet y el modelo neoliberal

La última jornada de movilización y huelga, que terminó con 400 detenidos y una decena de heridos, organizada por la Central Unitarias de Trabajadores de Chile, puso en jaque, con tan sólo un año y medio de gestión, al gobierno de la socialista Michelle Bachelet y, además, originó un debate en la población sobre el modelo económico vigente.
No es la primera vez que los chilenos copan las calles de las principales ciudades del país cordillerano para manifestarse en contra de la política económica imperante y, por otra parte, que la imagen de Bachelet, que a principio de su mandato alcanzó un 70 por ciento de aceptación, sufra una nueva caída en las mediciones.
Los “pingüinos”, estudiantes del nivel medio, fueron los primeros que dañaron la figura presidencial. Después, fue el turno de los usuarios del transporte público, que cuestionaron el deplorable servicio que brindó el nuevo sistema transantiago, impuesto por el gobierno para reducir el tránsito y disminuir la contaminación ambiental de la ciudad capital y, por último, los Trabajadores Contratistas de la Corporación del Cobre, principal mineral del país, pusieron el grito en el cielo provocando fisuras en el gabinete nacional y abriendo caminos antes intransitables para la oposición.
Ciertamente, los protagonistas de las manifestaciones representan a distintos sectores de la sociedad chilena, pero sus reclamos apuntaron a un solo objetivo: mejorar la distribución del ingreso
Chile es el país más desigual de la región. Según una encuesta del organismo que mide la pobreza, el diez por ciento de la población más rica gana más que el diez por ciento más pobre y los ejecutivos senior son los mejores pagos de América Latina con una renta anual de 227.885 dólares, mientras que el resto vive con 275 dólares mensuales.
Otro dato lo propicia un estudio sobre la riqueza mundial, elaborado por la multinacional Boston Consulting Group (BCG), la que determinó que Chile tiene cuatro millones de familias millonarias y que el noventa por ciento de los ciudadanos pasan sus días con ingresos que van desde 0 a 2.282 dólares por mes.
Sin embargo, para los centros de poder estos numeros pasan a un segundo plano a la hora de evaluar las políticas adoptadas por distintos gobiernos, el FMI, Banco Mundial y el G 7 sostienen que la política neoliberal, enquistada en Chile desde la dictadura de Augusto Pinochet, es un ejemplo que deberían seguir sus vecinos sudamericanos si es que estos últimos desean abandonar la condición de subdesarrollados o tercermundistas.
Para los países industriales, Chile logró una estabilidad económica en estos últimos años más allá del partido gobernante, garantizándole: un aumento del PBI y cerrar acuerdos de libre comercio con los principales mercados(EEUU, Unión Europea, China y Japón), receta defendida por Washintong. Pero ni Bolivia, el país más pobre de la región, tiene semejante brecha entre ricos y pobres.
En rigor, la inocultable distancia entre los sectores más pudientes y de menores recursos, le han ocacionado fuertes dolores de cabeza a Bachelet, quién a diferencia de su antecesor Ricardo Lagos, demostró incapacidad a la hora de sortear las recientes crisis que golpearon duro a su gobierno y en alinear a su propia tropa detrás de las recientes medidas económicas.
El lanzamiento del ambicioso plan social que incluye la construcción de 2700 guarderías, doce hospitales, una inversión de 650 millones de dólares para educación; llevando el presupuesto educativo a cinco millones y la condonación de deudas habitacionales para hogares pobres, resultó insuficiente para la mayoría de los chilenos.
Ellos exigen cambios profundos que les permitan aprovechar el desarrollo alcanzado por su país y mejorar, así, sus ingresos. Por eso es que, ante la debilidad de Bachelet, han encontraron un camino para alcanzar sus propósitos o por lo menos ser escuchados: la protesta.
De esta forma, es como los estudiantes lograron aumentar el presupuesto educativo, los vecinos de Santiago tiraron por tierra al nuevo sistema transportista, los trabajadores contratistas del cobre dejaron de lado lo que ha Pinochet le costó tantas muertes y detenciones clandestinas.
Queda claro, entonces, que las políticas neoliberales, implementadas en nuestra región desde la década del setenta y agudizadas en los noventa, no son garantía de una mejor calidad de vida para las clases medias y mucho menos para los pobres, por esta razón, Chile no está exento de una crisis social más profunda de la que vive en la actualidad, aunque el resto del mundo considere que es un país previsible.

Por Juan Mansilla.

“DEFENSA DE LAS TIERRAS”

Comunicado enviado por los misioneros del Vicariato de Yurimaguas, Perú.
El proyecto “Defensa de las Tierras” está ubicado en la zona Nororiental del Perú, en la región Loreto, en la provincia de Alto Amazonas y abarca también 6 distritos de la región San Martín.
Durante siglos hemos vivido aquí un estilo de vida propio de la amazonía, aunque nunca han faltado dolores, explotación y pobreza en este pedazo del Perú, hoy hemos entrado en una nueva situación, que supone para nosotros una gran preocupación: el problema de nuestras tierras, ante la amenaza e invasión de consorcios de gran poder económico.
La historia antigua y reciente nos atestigua que allí donde se abren nuevas e importantes vías de comunicación, llegan consorcios, transnacionales y grupos económicamente fuertes y se instalan en la zona bajo múltiples modalidades y promesas.
La provincia de Alto Amazonas se ha convertido en tierra apetecida. Con la apertura de la carretera desde Paita, en el Océano Pacífico, se llega hasta Yurimaguas y desde Yurimaguas, por vía fluvial, navegando por los ríos Huallaga, Marañón y Amazonas, hasta el Océano Atlántico. A esta ruta se le está llamando eje vial Amazonas Norte. Este hecho está llamando poderosamente la atención y los grandes de la economía quieren instalarse aquí para apoderarse de miles y miles de hectáreas.
Los consorcios entran aquí prometiendo grandes inversiones y progreso para todos, pero de hecho, como ha sucedido en otras partes, crearán “mayor pobreza” para los moradores de la amazonía y gran riqueza para los advenedizos. Se cumplirá así la sentencia que se ha cumplido frecuentemente en la amazonía: “se llevaron la riqueza, nos dejan con la pobreza”.
Pueblos asentados aquí desde hace mas de 50 años no son considerados y como ha sucedido, por ejemplo, en Brasil, estos campesinos pueden convertirse en “los sin tierras”.
Aquí la mayor parte de las tierras no han sido saneadas, esto es, no tienen demarcación geopolítica ni ha sido categorizadas conforme a la Ley nº 27795 (Ley de demarcación y organización territorial) y el campesinado no es ni posesionario ni propietario de las tierras que cultiva. Por tanto, son posesión del Estado, quien puede entregar, en concesión o en compra – venta, nuestras tierras y poblaciones al mejor postor.
Desde finales del año 2005 y primeros meses del 2006, consorcios de gran poder económico han hecho su presencia en los valles del Caynarachi y del Shanusi. Llegan con toda la documentación arreglada en Lima y se apoderan de grandes extensiones de terrenos: bosques comunales y tierras cultivadas por campesinos desde hace años. Vienen con grandes promesas de progreso y enriquecimiento para los campesinos, pero, en el fondo, a la larga, la mayoría de estas organizaciones serán explotadoras.
Aquí estamos a favor de nuevas inversiones y de un progreso igualitario, esto es, el que invierta gane su merecido, pero el morador amazónico reciba también abundantes beneficios por la presencia de los consorcios, y sobre todo, que el campesino, no sea privado de sus tierras.
Los acontecimientos del Caynarachi y de otras zonas nos han despertado del largo letargo y poca preocupación por nuestras tierras, los caseríos más cercanos al nuevo eje vial entraron en situación de alarma y acudieron a los misioneros pasionistas averiguando que se podía hacer para enfrentar este nuevo problema de tierras. Se trataba de buscar los caminos más efectivos para:
- Sanear los territorios de las poblaciones.
- Lograr la demarcación geopolítica de los caseríos.
- Conseguir la categorización (reconocimiento) de cada poblado.
- Obtener el reconocimiento de los bosques comunales, como propiedad de la comunidad.
- Que las tierras de los campesinos sean tituladas oficialmente.
Durante el mes de marzo del 2006 se tuvieron en Yurimaguas varias reuniones con los campesinos animadores de comunidad para tratar este problema tan complejo de las tierras.
El mes de julio se vuelve a tratar el mismo problema con los animadores cristianos. Con mucho interés nos acercamos en busca de orientación y alternativas a la municipalidad provincial de Alto Amazonas, a la gerencia Sub Regional, al Ministerio de Agricultura y al INRENA, recibiendo buenas palabras, en la forma acostumbrada, pero sin obtener soluciones.
A primeros de setiembre se reunieron 40 expedientes de otras tantas comunidades y se remitieron al PETT de Iquitos, rogando que se presentaran aquí los empleados de esta institución para titular las tierras de los campesinos, pero no tuvimos respuesta alguna del PETT de Iquitos.
En octubre se hicieron en Lima consultas en varias instancias gubernamentales y privadas, pidiendo nos indicaran qué vías de solución habría para nuestros campesinos frente al nuevo problema sobre tierras.
El mes de noviembre nos conectamos con un abogado de Tarapoto, especialista en tierras que nos dio algunas pautas para iniciar la defensa de las tierras.
Con el resultado de las elecciones del mes de noviembre para el gobierno regional y municipales, encontramos en los elegidos una disposición favorable para asumir todo lo relativo al saneamiento de las tierras.
Encontramos una ayuda muy valiosa en la empresa PROSAE, que nos ofreció asesoramiento y también medios humanos y técnicos para iniciar el trabajo de campo.
El mes de diciembre se inició con la demarcación geopolítica y geográfica de 40 comunidades en la ruta del río Huallaga. Estas comunidades se ubican muy cerca de la carretera ecológica y del proyecto puerto de Yurimaguas. Al territorio de estas comunidades le llamamos “zonas afectadas”. Actualmente, días 30 de junio del 2007, hemos terminado los expedientes de 35 comunidades que han sido entregados y/o se van a entregar al gobierno regional de Loreto, para su correspondiente aprobación.
Este proyecto de “Defensa de las Tierras” se inició con muy poca experiencia, tanto de parte del campesinado como del grupo misioneros, pero el largo proceso vivido desde marzo del 2006 hasta ahora, nos ha ayudado a aterrizar y escoger aquellos caminos que conformen a las diversas disposiciones sobre tierras, nos pueden ayudar a llevar adelante el trabajo emprendido.
En el camino no nos ha faltado obstáculos y ataques de algunos traficantes de tierras y de grupos poderosos que consideran nuestro trabajo como obstáculo para sus intereses personales. Pero nuestro propósito es caminar adelante y conseguir que durante los años 2007 y 2008 la mayoría de los poblados de Alto Amazonas y distritos de San Martín más cercanos a nosotros, queden como tierras propiedad de loretanos y sanmartinenses.
Nuestro grupo ha reflexionado mucho, ha estado en permanente diálogo con el campesinado, ha buscado asesoría jurídica y ha encontrado buena acogida en el Gobierno Regional de Loreto.
Se ha tratado de ayudar al campesinado a varios niveles, hasta conseguir que las tierras actualmente cultivadas y los bosques comunales conlidantes, puedan ser propiedad de la misma comunidad y luego obtener el título de propiedad sobre las hectáreas que indica como suyas cada familia campesina. Todo eso supone un trabajo especializado y llevado a la práctica por personal cualificado: censores, topógrafos, ingenieros agrónomos y siempre con una buena asesoría jurídica.
Si bien el Gobierno Central está a favor de vender estas tierras o entregarlas en concesión, por periodos de 40 o más años, a consorcios que más plata ofrecen, nosotros creemos que el primer “propietario de estas tierras debe ser el campesino amazónico”.
RESUMIMOS AQUÍ ALGUNAS ACCIONES QUE SE HAN APLICADO EN LAS COMUNIDADES:Levantar el censo poblacional, abrir linderos para la demarcación geográfica de la población o caseríos. En este trabajo colaboran mucho las comunidades, estando en manos de los topógrafos e ingenieros el trabajo técnico y levantamiento de datos.
Tener asambleas en las comunidades para afrontar todos los problemas que conlleva este trabajo, Redactar un informe amplio por cada comunidad, con todos los datos, mediciones, ubicación, etc, entregar estos datos en la oficina de demarcación territorial del Gobierno Regional de Iquitos y esperar que venga la supervisión, para aprobar nuestro trabajo, Obtener la aprobación del Gobierno Regional de todos los pasos que se han dado en orden a la demarcación geopolítica de estos centros poblados para lograr su correspondiente categorización, señalar como bosques comunales aquellas tierras que, aunque no se cultiven actualmente, la comunidad las considera suya y conseguir que vengan acá los encargados del COFOPRI para que entreguen a cada campesino los títulos de propiedad de las tierras que declara son suyas, de acuerdo con los colindantes.